Un informe del Instituto Internacional de Prensa (IPI) se refirió a la violencia impulsada por diferentes gobiernos en contra de los periodistas y los grupos de medios. Se hace mención al caso de Rafael Correa en Ecuador y a la disputa entre el Gobierno argentino y el Grupo Clarín.

El número, que asusta, es el más alto registrado por el IPI desde 1997, año en el que se comenzaron a elaborar informes al respecto. La cifra supera al record anterior correspondiente al año 2009 en el que 110 periodistas perdieron la vida en manos de la violencia.
Según el informe elaborado por IPI, el país más peligroso para el ejercicio de la profesión de informar es Siria. Dicho país, gobernado por el dictador Bashar Al Assad, vive una intensa guerra civil y en el mismo ya murieron 36 periodistas incluyendo a la prestigiosa corresponsal de guerra del Sunday Times, Marie Colvin.
En el segundo lugar de los países más peligrosos para ejercer el periodismo se encuentra Somalia. En dicho país africano, 16 periodistas fueron asesinados en 2012.
El informe agrega que “a pesar de una evolución política positiva, la inestabilidad de Somalia provocó que la impunidad de quienes asesinaron a periodistas continuara este año, incentivando más ataques”.
El trabajo efectuado por el IPI también hace referencia a países como México, Pakistán, y Filipinas.
También en el informe hay referencia a la persecución a la prensa que se lleva a cabo por diferentes gobiernos en países como Cuba, Etiopía, Ecuador, Egipto, y Argentina.
En un apartado, el IPI toca el tema de los casos de gobiernos que “continuamente emplean diversas tácticas para debilitar a la prensa privada”. Allí se habla de la disputa entre el gobierno liderado por Cristina Fernandez de Kirchner y el Grupo Clarín.
El documento también menciona la fuerte ofensiva del gobierno de Rafael Correa en contra de periodistas que son críticos a su gobierno y toca el tema de Cuba, país gobernado por una dictadura comunista que condenó a 14 años de prisión al periodista José Antonio Torres, un ex colaborador del diario estatal Granma, luego de ser acusado del delito de espionaje por el simple hecho de haber llevado a cabo una denuncia surgida tras una investigación periodística.
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